ONG exige que los acuerdos sobre recursos estratégicos sean públicos, transparentes y sometidos a los controles
El centro de pensamiento Laboratorio de Paz publicó este jueves un comunicado en el que advierte que los recientes acuerdos petroleros reabren una discusión fundamental sobre el futuro económico de Venezuela: cualquier inversión de largo plazo requiere seguridad jurídica, y esta no puede existir de forma plena sin autoridades legítimas e instituciones confiables.
La organización sostiene que “Venezuela necesita inversión nacional e internacional para superar la emergencia humanitaria compleja, recuperar la industria petrolera, generar empleos, restablecer servicios públicos y reconstruir las viviendas e infraestructura afectadas por el terremoto”.
Sin embargo, aclara que el problema no es que lleguen las inversiones, “sino garantizar que puedan permanecer y contribuir de manera sostenible al bienestar de la población”.
Laboratorio de Paz apoya su argumentación en varios artículos de la Constitución. Recuerda que el artículo 5 establece que “la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo”; el artículo 6 define al gobierno como democrático, electivo, alternativo y responsable; el artículo 137 limita las atribuciones de los órganos del Poder Público a lo que establecen la Constitución y la ley; y el artículo 138 es categórico: “Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos”.
En ese sentido, la organización afirma que la legitimidad democrática tiene consecuencias económicas concretas. “Cuando existen cuestionamientos fundamentales sobre el origen y duración del mandato de quienes ejercen el poder, esa incertidumbre también alcanza las decisiones y contratos que pretenden comprometer al país durante décadas”, señala el comunicado.
FUENTE EFECTO COCUYO