Las autoridades afirmaron que “terroristas” del Tren de Aragua habían tomado el edificio. Una investigación de ProPublica halló pocas pruebas que respalden esa versión. Por primera vez, los venezolanos cuentan sus historias. Nadie fue acusado tras operativo nocturno en edificio de Chicago
Durante la noche del operativo, agentes federales fuertemente armados ataron con bridas plásticas a Jhonny Manuel Caicedo Ferreira, lo sacaron de su edificio de apartamentos de Chicago y lo pusieron contra una pared para interrogarlo.
Mientras un helicóptero Black Hawk rugía en lo alto, el delgado inmigrante venezolano de 28 años respondió en voz baja, desviando la mirada de vez en cuando a un equipo de televisión invitado a filmar la redada. Junto a Caicedo, agentes enmascarados de la Patrulla Fronteriza inspeccionaron los tatuajes de otro hombre y le preguntaron si pertenecía al Tren de Aragua, la pandilla venezolana que el gobierno de Trump ha designado como una organización terrorista.
Hasta ese momento, Caicedo solo había tenido una interacción con las autoridades en sus dos años y medio en Estados Unidos: una infracción de tránsito dos semanas antes por manejar sin licencia ni seguro, de acuerdo a los registros que revisamos. La policía de Chicago verificó sus antecedentes y no encontró historial criminal, ni órdenes de arresto ni evidencia de que perteneciera a una pandilla. Caicedo dijo que tenía una solicitud de asilo pendiente, un trabajo estable en una taquería y una pareja cuya hija asiste a una escuela primaria al otro lado de la calle.
Nada de eso importó. El gobierno de Estados Unidos lo exhibió junto a sus vecinos frente a las cámaras y presentó los arrestos como un espectacular golpe contra el terrorismo. Pero más tarde, cuando las cámaras se fueron, los fiscales no acusaron a Caicedo de ningún delito. No lo acusaron de ser terrorista. Y después de una breve audiencia en una corte de inmigración, el gobierno lo envió de regreso al país del que había huido nueve años atrás.
“Lo perdí todo”, dijo en una entrevista telefónica desde la casa de su madre en la ciudad venezolana de Valencia. “Para esos locos todos los venezolanos son delincuentes”.
La discreta deportación de Caicedo contrastó con el drama de su captura durante uno de los operativos migratorios más agresivos y publicitados que se hayan llevado a cabo en una ciudad estadounidense en tiempos recientes. Poco después de la medianoche del 30 de septiembre, cerca de 300 agentes de la Patrulla Fronteriza, el FBI y otras agencias irrumpieron en el complejo de departamentos de 130 unidades. Los equipos SWAT descendieron a rappel desde un helicóptero, derribaron puertas a patadas y lanzaron granadas aturdidoras. Arrestaron a 37 inmigrantes, la mayoría venezolanos que, según las autoridades, estaban en el país de manera ilegal. Los agentes también ataron con bridas plásticas a muchos ciudadanos estadounidenses y los detuvieron durante varias horas.
Poco después, la administración del presidente Donald Trump difundió un video muy producido del operativo. Funcionarios dijeron que habían capturado a dos miembros “confirmados” del Tren de Aragua, uno de ellos incluido en una lista de terroristas. Stephen Miller, el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca y arquitecto de la ofensiva migratoria a nivel nacional, declaró que el edificio estaba “lleno de terroristas del TdA”, que el operativo había “salvado a Dios sabe cuántas vidas” y que se trataba “de uno de los operativos de aplicación de la ley más exitosos que hemos visto en este país”.
Sin embargo, una investigación de ProPublica encontró pocas evidencias que respaldaran las afirmaciones del gobierno. ProPublica descubrió los nombres de 21 personas de Venezuela entre las detenidas, y entrevistó a 12 de ellas. También hablamos con docenas de sus familiares, amigos y vecinos. Y revisamos registros públicos de bases de datos de antecedentes y sitios web de tribunales, examinamos documentos judiciales y cuentas de redes sociales, obtuvimos mensajes de audio y video grabados esa noche, y asistimos a varias audiencias en el tribunal de inmigración.
Los fiscales federales no han presentado cargos criminales contra ninguno de los arrestados. Tampoco han revelado ninguna evidencia que demuestre que dos inmigrantes detenidos en el edificio pertenecían a la pandilla Tren de Aragua, ni siquiera han proporcionado sus nombres. ProPublica pudo identificar a uno de ellos, Ludwing Jeanpier Parra Pérez, en un comunicado de prensa que no lo vincula al operativo. Parra niega ser miembro de la banda.
“No soy nada de eso”, dijo Parra, de 24 años, durante una entrevista desde una cárcel de Indiana, a donde fueron llevados al menos 17 hombres después de la redada. “No sé por qué ponen la gente así. Yo vine a buscar un futuro bueno y para que mi familia esté bien”.
Fuente: Diario Tal Cual