El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos, con sede en San Francisco, determinó que la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, excedió la autoridad otorgada por el Congreso cuando intentó cancelar la designación. El tribunal concluyó que la ley del Estatus de Protección Temporal (TPS) fue estructurada intencionalmente para limitar la discreción del poder ejecutivo y brindar estabilidad a los beneficiarios durante períodos de condiciones extraordinarias en sus países de origen.
«La Secretaria intentó ejercer poderes que el Congreso simplemente no le otorgó en virtud de la ley», escribió el tribunal, añadiendo que esta conclusión por sí sola resolvía el caso sin necesidad de que los jueces abordaran argumentos legales adicionales.
El fallo de 81 páginas enfatizó que, si bien el TPS es inherentemente temporal, el Congreso estableció estrictas salvaguardias procesales que rigen cómo se puede extender o cancelar el programa. Estas protecciones están diseñadas para evitar que los beneficiarios pierdan abruptamente su estatus legal sin el debido proceso legal.
Al confirmar plenamente la decisión de un tribunal inferior, el tribunal de apelaciones reafirmó que cualquier intento de modificar el TPS debe cumplir con los límites establecidos por el Congreso, independientemente de la administración que esté en el poder.
Sin embargo, el fallo del tribunal de apelaciones no resuelve el problema de inmediato. Se espera que la decisión sea objeto de nuevas apelaciones, lo que podría dar lugar a otra revisión por parte de la Corte Suprema de Estados Unidos. Hasta que se agote el proceso legal, el futuro del TPS para los venezolanos sigue siendo incierto.
Venezuela fue designada como país beneficiario del TPS en 2021 en medio de una grave crisis humanitaria, que obligó a millones de personas a huir de su país, brindando alivio a aproximadamente 257 mil venezolanos. La designación se amplió en 2023 para cubrir a más de 350 mil personas adicionales. Bajo la administración Biden, estas protecciones se extendieron hasta octubre de 2026; sin embargo, en 2025, la administración Trump procedió a desmantelarlas, alegando supuestas mejoras en las condiciones en Venezuela y el interés nacional de Estados Unidos, poniendo fin a la designación de 2023 en abril y a la de 2021 en noviembre.
Fuente: El Nuevo Herald