Tras los terremotos del 24 de junio, organizaciones de derechos de la niñez advierten que persisten daños estructurales, problemas de servicios básicos y afectaciones emocionales que dificultan un retorno seguro
Para algunos estudiantes, el retorno a clases el próximo 14 de septiembre no significa simplemente reencontrarse con sus compañeros, preparar los útiles y volver a las rutinas. En las comunidades más golpeadas por los terremotos del 24 de junio, volver a entrar a un aula puede significar enfrentarse nuevamente a las grietas, al recuerdo de quienes ya no están y al miedo de que una nueva réplica vuelva a sacudir las estructuras.
En este contexto, la organización Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap) y la Red por los Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes (Redhnna) presentaron el Informe situacional sobre afectaciones al derecho a la educación tras el doblete sísmico de junio de 2026, elaborado a partir de un monitoreo realizado entre el 27 de junio y el 4 de agosto.
La incertidumbre no se limita a quienes perdieron familiares o sus viviendas. En las comunidades educativas consultadas, 51,5 % reportó fallecidos, 26,3 % heridos, 45,5 % personas desaparecidas y 58,6 % miembros damnificados. Algunos niños quedaron huérfanos o bajo el cuidado provisional de otras personas, mientras sus familias intentan resolver dónde vivir y cómo retomar una cotidianidad que quedó interrumpida por el desastre.
Fuente El Pitazo